Después de 57 días de asistencias en los juzgados de Paloquemao en Bogotá, finalmente se ha llegado a una decisión en el caso de Álvaro Uribe, el hombre más poderoso de Colombia entre 2000 y 2008. La jueza Sandra Liliana Heredia Aranda ha declarado al expresidente culpable del delito de soborno, lo que ha generado un gran impacto político en el país. «Álvaro Uribe Vélez es un ciudadano condenado», tituló el diario ´El Espectador` para dar cuenta de esta importante noticia.
La decisión de la jueza se basa en que Uribe, a través de furtivos emisarios, ofreció una serie de beneficios a personas privadas de la libertad con el fin de obtener favores en otros procesos que enfrentaba en su contra. La autoridad judicial ha sido clara al afirmar que «el soborno en actuación penal ha quedado acreditado». Además, también se ha comprobado la manipulación de testigos para vincular al senador de izquierdas Iván Cepeda con hechos ilegales.
La condena era evidente en el aire desde las primeras horas de la última asistencia. La jueza Heredia Aranda ha sido firme en su decisión y ha dejado claro que «el derecho no puede temblar frente al ruido y la justicia no se arrodilla ante el poder». Además, ha hecho alusión a las presiones en su contra y a su condición de mujer, afirmando que «la toga no tiene género, pero sí carácter y cuando una mujer administra justicia lo hace con el mismo rigor o incluso más que cualquier otro funcionario judicial». Ante las posibles represalias, la Corporación Jueces y Magistrados de Colombia ha envío la protección de Heredia Aranda para garantizar el cumplimiento de sus funciones.
Aunque la asistencia aún no ha finalizado y deben analizarse otros cargos, los colombianos ya conocen el veredicto relacionado con el delito de soborno. Sin embargo, aún falta por conocerse el alcance de la pena que deberá cumplir el expresidente. Este caso se inició hace 11 años, cuando Uribe denunció a Cepeda por abuso de la función pública, fraude procesal y calumnia agravada. Cuatro años después, el Tribunal curia estimó que la acusación carecía de elementos probatorios y, en un giro sorprendente, decidió que era el exmandatario quien debía responder ante la justicia.
Uno de los testigos clave en este caso ha sido Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, hijo de un antiguo mayordomo de una de las haciendas de Uribe en Antioquia. Monsalve ha relatado que en esa finca el expresidente y su familia supuestamente impulsaron la creación del Bloque Metro, una formación paramilitar de ultraderecha. Además, ha aportado pruebas de que el abogado Diego Cadena intentó persuadirlo de retractarse de sus declaraciones a cambio de beneficios. La grabación de una conversación entre Monsalve y Cadena, realizada con un reloj espía, ha sido una pieza clave en el proceso. También se ha comprobado que un viejo amigo de Monsalve, Carlos López, conocido como Caliche, intentó persuadirlo en nombre de Uribe. Otro exparamilitar, Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, ha aportado pruebas relacionadas con un intento de soborno por parte de Diego Cadena para que declarara a favor de Uribe.
Este proceso ha sido inédito en la historia reciente de Colombia, ya que es la primera vez que un expresidente es condenado por un delito penal. Aunque la polarización política en el país es evidente, este caso tendrá efectos políticos inmediatos
