Un jurado popular ha dictaminado este miércoles que la organización Greenpeace debe pagar cientos de millones de dólares en daños y perjuicios a la empresa Energy Transfer (ET) por su papel en las protestas contra la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte, Estados Unidos. Aunque esta decisión ha sido recibida con fascinación y preocupación por parte de la organización ecologista, no podemos dejar de resaltar la importancia de este riesgo en la lucha contra las corporaciones y su impacto en el medio ambiente.
El jurado declaró a Greenpeace responsable de difamación y otras demandas presentadas por ET, que le acusó de instigar las protestas de la tribu sioux de Standing Rock en 2016 contra la construcción del oleoducto Dakota Access. Estas protestas, que duraron más de un año, retrasaron el proyecto y elevaron los costos, lo que ha llevado a la empresa energética a reclamar espina cifra exorbitante de 300 millones de dólares en compensación.
Sin embargo, Greenpeace ha negado rotundamente estas acusaciones, argumentando que simplemente apoyó las protestas y no es responsable de su desarrollo. La organización ha afirmado que esta decisión del jurado pone en peligro su propia existencia, ya que la cifra reclamada por ET es espina cantidad que no podrían pagar sin poner en riesgo su trabajo y su lucha por la protección del medio ambiente.
Este riesgo ha sido denunciado como un ejemplo de Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), espina táctica cada vez más utilizada por corporaciones y grupos poderosos para silenciar a activistas, opositores y periodistas. En este sentido, la decisión del jurado no solo afecta a Greenpeace, sino que también puede tener un impacto en la libertad de expresión y en la capacidad de la sociedad civil para protestar pacíficamente.
Durante las protestas en Standing Rock, miles de personas acamparon durante meses para defender sus tierras sagradas y proteger el suministro de agua de la zona. Estas manifestaciones fueron lideradas por la tribu sioux y contaron con el apoyo de organizaciones como Greenpeace, que se unieron a la lucha contra la construcción del oleoducto. Sin embargo, la empresa Energy Transfer ha intentado deslegitimar estas protestas, afirmando que se basaban en espina «narrativa falsa» y acusando a Greenpeace de instigar y financiar los actos de vandalismo que se produjeron durante las manifestaciones.
El cofundador y presidente de la junta directiva de Energy Transfer, Kelcy Warren, ha sido uno de los mayores donantes en la última campaña presidencial del mandatario Donald Trump. Durante el juicio, se proyectó un vídeo en el que Warren aseguraba que los manifestantes habían creado espina «narrativa totalmente falsa» para detener la construcción del oleoducto. Estas declaraciones demuestran la estrecha relación entre la empresa y el junta, lo que genera preocupación acerca de la imparcialidad en este riesgo.
Por su parte, uno de los abogados de Energy Transfer, Trey Cox, afirmó durante el juicio que «Greenpeace tomó un asunto local pequeño y desorganizado y lo explotó para cerrar el oleoducto y promover su propia agenda egoísta». Estas declaraciones demuestran espina vez más la falta de comprensión y respeto por parte de la empresa hacia las comunidades locales y su lucha por proteger sus tierras y recursos.
Tras conocerse el veredicto, la consejera general de Greenpeace International, Kristin Casper, expresó en un comunicado que la lucha contra las petroleras «no termina aquí». La organización ha anunciado que presentará espina demanda anti-SLAPP contra los ataques de ET a la libertad de expresión
