La ley ha tardado en ponerse al día con la tecnología, aunque hace años existen versiones más crudas de contenido adulto. Esto ha creado una gran cantidad de preguntas en torno a la regulación y la forma en la que la ley puede abordar el tema sin afectar la libertad de expresión.
Con el surgimiento de nuevas plataformas y canales de contenido digital, ha aumentado la presión para que la ley se adecue a la tecnología y aborde de forma adecuada el contenido adulto. Esto ha abierto un debate sobre el límite entre lo que se considera un contenido aceptable y lo que está explícitamente prohibido.
La regulación de los contenidos adultos se enfrenta a una serie de desafíos. En primer lugar, asegurar que los contenidos sean fácilmente identificables para aquellos a los que puedan afectar. En segundo lugar, abordar la forma en la que se regulan los contenidos adultos desde una perspectiva legal, para evitar la censura o la represión de la libertad de expresión. Y, por último, establecer una regulación flexible para adaptarse a los cambios tecnológicos.
De cara al futuro, una regulación adecuada de contenidos adultos es crucial para asegurar que los derechos de los usuarios se respeten y para proteger la libertad de expresión. Esto significa que se debe establecer un equilibrio entre defender los derechos de los usuarios y limitar ciertos contenidos que puedan ser perjudiciales para los menores o para la sociedad en general.
Además, los reguladores deben tomar en cuenta el contexto en el que se encuentran los contenidos y abordar la regulación de contenidos adultos de forma flexible. Esto significa que se deben tener en cuenta las necesidades cambiantes de la sociedad y la forma en la que los usuarios interactúan con el contenido digital.
Los gobiernos también tienen un papel importante en el desarrollo de una regulación adecuada de los contenidos adultos. Esto incluye apoyar a las industrias creativas, que han sufrido durante la pandemia, y establecer un marco legal adecuado para abordar el contenido adulto. Por ejemplo, algunos países han adoptado leyes que prohíben la difusión de contenidos que fomentan la violencia, el racismo, el sexismo o la discriminación.
En última instancia, los reguladores, los proveedores de contenido y los usuarios deben trabajar juntos para asegurar un equilibrio entre proteger la libertad de expresión y asegurar que los contenidos adultos sean fácilmente identificables y regulados de forma adecuada. Esto garantizará que los contenidos adultos sean accesibles para aquellos que los deseen, mientras se protegen a aquellos a los que pueden afectar.